HACE 90 AÑOS

Es difícil encontrar palabras que honren la memoria de lo ocurrido sin caer en el vacío del olvido o en el ruido del resentimiento. El 18 de julio de 1936 no fue sólo una fecha en los calendarios; fue el inicio de un abismo que engulló familias enteras, proyectos de vida y, en muchos casos, la dignidad misma de comunidades que quedaron marcadas para siempre. Hoy, 90 años después, este es un recordatorio para aquellos 42 nombres de hombre y dos mujeres que fueron borrados de la historia local. Entre ellos, el caso de Carmen Lafraya sigue resonando en la cavidad de la memoria como un testimonio insoportable de la crueldad humana, un acto que no sólo arrebató una vida, sino que intentó quebrantar la esencia misma de la humanidad al convertir la violencia en un mensaje de terror para su propio padre y para el resto del pueblo.

La memoria histórica no es un ejercicio de venganza, sino un ejercicio de higiene democrática. Cuando el olvido se instala en las instituciones -cuando quienes ocupan las sillas de los ayuntamientos prefieren mirar hacia otro lado o borrar el pasado para evitar una supuesta “incomodidad”-, se está construyendo el caldo de cultivo para que la historia se repita. La miseria moral no se vence escondiéndola bajo una alfombra; se vence reconociendo que, en ese pueblo, hace nueve décadas, la razón se desplomó y la barbarie tomó el mando.

No se trata de vivir en el pasado, sino de impedir que el pasado se convierta en una condena perpetua para el futuro. Un pueblo que no nombra a sus muertos, que no reconoce sus heridas y que permite que aquella ignominia se institucionalice a través del silencio, es un pueblo que se arriesga a perder su brújula ética. Recordar a aquellas personas no es un acto contra nadie; es un acto de resistencia contra el olvido que, como advirtió Santayana, es la garantía de que el horror volverá a encontrar terreno fértil.

Que este recordatorio sirva de aldabonazo: la paz social no se construye sobre la amnesia, sino sobre el reconocimiento de la verdad, por dolorosa que sea. Honrar a las víctimas es el primer paso para asegurar que la miseria moral de 1936 no encuentre nunca más un lugar donde echar raíces.

En este contexto, resulta doloroso comprobar la resistencia al cumplimiento de un acuerdo plenario -11 de octubre de 2024-, especialmente cuando este versa sobre la dignificación de víctimas y la recuperación de espacios de memoria. La propuesta de transformar el edificio del sindicato de Riegos -ese lugar cargado de dolor que funcionó como campo de prisioneros-, en un centro de memoria histórica es el ejemplo perfecto de lo que debería ser la reparación: a. Convertir un edificio testigo de la represión en un espacio para la democracia es el acto pedagógico más potente que un pueblo puede realizar. Es dotar de sentido ético a las piedras que un día fueron mudas testigos de la barbarie. b. El olvido se combate con la presencia. Mientras el edificio permanezca abandonado, el silencio seguirá ganando la batalla. Rehabilitarlo como archivo, museo o centro de interpretación no solo honra a los represaliados, sino que blinda al municipio contra la desmemoria. c. Cuando la memoria es ignorada institucionalmente, la ciudadanía tiene el derecho y el deber de recordarle al poder que el tiempo no cura las heridas cuando estas son ignoradas a propósito, y que la legitimidad de un gobierno local reside, en gran medida, en cómo trata su propia historia.

Mantener el edificio en abandono es una decisión activa de no recordar. Honrar a quienes pasaron por Mauthausen o Gurs -supervivientes de un infierno que muchos otros no pudieron contar-, no requiere de grandes alardes, sino de voluntad política. El edificio del sindicato de Riegos tiene el potencial de ser el lugar donde las futuras generaciones comprendan que la convivencia no es un regalo caído del cielo, sino una construcción frágil que, si se olvida su origen sangriento, se vuelve quebradiza. Seguimos esperando y recordando.

Republicano