UNA TUBERÍA DE 6 KILÓMETROS

Seguro que habréis leído la noticia que publicaba la prensa estos días pasados. En resumen, decía que se va autorizar la instalación de una tubería de casi 6 kilómetros promovida por la empresa Nedgia Navarra. Su objetivo es coger el gas (biometano) que ya se produce en la planta de biogás de Caparroso (HTN Biogás) y transportarlo por debajo de la tierra para inyectarlo en la red general de gas, cuyo punto de conexión final cae en el este del núcleo urbano de Villafranca. .

La canalización atraviesa suelo de ambos municipios. Aunque la producción se hace en Caparroso, la infraestructura de transporte (la tubería) llega y se conecta físicamente en el término de Villafranca, afectando a los terrenos por donde pasa. El Gobierno de Navarra ha declarado el proyecto de “utilidad pública”. Esto significa que la empresa privada (Nedgia) adquiere el derecho de expropiación forzosa sobre los terrenos afectados. Dicho en plata: si un propietario particular de Villafranca o Caparroso se niega a que la tubería pase por su finca, la ley ampara a la empresa para ocupar esos terrenos previo pago de una tarifa o indemnización, al considerarse un proyecto de interés general.

Desde el punto de vista estrictamente legal y administrativo, los ayuntamientos afectados no son los que “autorizan” esta obra. La competencia para dar luz verde a estas infraestructuras energéticas recae puramente en el Gobierno de Navarra (Departamentos de Industria, Ordenación del Territorio, Medio Ambiente, etc.). En tramitaciones de este tipo, los ayuntamientos emiten informes (por ejemplo, sobre licencias de obras, compatibilidad urbanística o afecciones a caminos municipales), pero no tienen capacidad de veto si el Gobierno autonómico decide declarar el proyecto de interés general. A diferencia del Ayuntamiento de Caparroso (al que se menciona expresamente informando sobre una vía pecuaria de su término), sobre Villafranca el texto guarda un silencio administrativo llamativo, limitándose a decir que la tubería termina allí.

El Ayuntamiento pierde. Servidumbres de paso en sus terrenos (afectación a parcelas agrícolas o rústicas), riesgos asociados a una infraestructura de gas cerca de su término municipal y molestias durante las obras, todo ello sin albergar la planta original (que reporta la actividad económica y los residuos a Caparroso). Gana: Económicamente, los ayuntamientos suelen recibir tasas por licencias de obras o el IBI de las instalaciones fijas, pero energéticamente no significa que el gas de esa tubería vaya a abastecer de forma gratuita o preferente a los vecinos de Villafranca; simplemente se conecta a la red general de transporte.

¿La ley exige un proceso de “información pública” (que se hizo a principios de 2025) y se publicó en el Boletín Oficial de Navarra (BON). Sin embargo, los cauces legales de información pública suelen limitarse a publicaciones en boletines oficiales y tablones que el ciudadano de a pie nunca lee. Los vecinos afectados directamente por las fincas se enteran porque reciben una notificación de expropiación, pero el conjunto del vecindario suele enterarse cuando la decisión ya está tomada en los despachos de Pamplona, lo que genera una gran sensación de indefensión y opacidad.

De todo ello, se pueden extraer diversas consideraciones: Es reprochable que un proyecto que altera el territorio durante 6 kilómetros y culmina en el término de Villafranca no vaya acompañado de un proceso de comunicación y pedagogía institucional por parte del Ayuntamiento. Los vecinos no deberían enterarse de las servidumbres e infraestructuras energéticas a través de la prensa de verano, sino mediante sesiones informativas o explicaciones claras de sus representantes municipales sobre qué contrapartidas va a exigir el municipio a cambio de soportar esta infraestructura. Villafranca asume una servidumbre (una tubería de gas procedente de una actividad industrial molesta como la biometanización de residuos orgánicos de otro municipio). La crítica sensata aquí es exigir a los ayuntamientos que actúen como un escudo protector férreo: si una infraestructura de otra localidad cruza o termina en tu término municipal, el consistorio debe negociar compensaciones ambientales, económicas o de mejora de infraestructuras locales contundentes, y no limitarse a “tragar” con lo que decida el Gobierno de Navarra por vía de urgencia o de utilidad pública.

Aunque la culpa formal de no contar con los vecinos recae en unos plazos de exposición pública diseñados para que nadie se entere, los ayuntamientos a menudo pecan de pasividad. Prefieren no “meterse en charcos” con el Gobierno autonómico o con las grandes energéticas (en este caso, Nedgia), asumiendo que “como la competencia es de Navarra, nosotros no podemos hacer nada”. Una actitud sensata exigiría mayor transparencia por parte de la corporación local para defender el interés y la tranquilidad de sus vecinos frente al trazado de redes de gas ajenas. Y si la población, como tal población, no se entera, difícil será que se manifieste ni a favor ni en contra. Al final, a bajar la cabeza.

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